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La Ley 36/2001, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social, sustituye el texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral. Aun continuísta en términos estructurales y en el conjunjo del diseño procesal, introduce importantísimas novedades de carácter sustantivo. De entrada, se produce una extensión de la,competencia de jueces y tribunales laborales, que se convierten en el referente para la materia social. Por otro lado, continúa la tendencia de modernización del proceso laboral. Mira, en fin, a mejorar la tutela judicial efectiva de sus usuarios principales, trabajadores y beneficiarios de la seguridad social. Con tan ambiciosos objetivos, cabe augurar que las reformas que se introducen son extensas. El presente volumen intenta dar cuenta de ellas así como de los problemas interpretativos que plantean.