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La finalidad del presente trabajo es analizar el contenido y alcance de las garantías que deben rodear la decisión de entrega de un ciudadano, dedicando particular atención al contenido de la doctrina constitucional desarrollada con relación a la extradición y la euroorden, y a partir de la diferenciación antes apuntada entre la protección ad intra frente vulneraciones “directas” por parte de los órganos judiciales españoles (Capítulo segundo), y la protección ad extra frente a vulneraciones “indirectas” (Capítulo tercero). Al hilo de dicho análisis, se destacarán las novedades que, frente a la derogada Ley 3/2003, ha introducido en materia de euroorden la recientemente aprobada Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea. La última parte del trabajo (Capítulo cuarto) irá dirigida a analizar el texto, contexto e implicaciones de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 26 de febrero de 2013, dictada en el asunto Melloni, y de la respuesta dada por el TC a la anterior con la STC 26/2014, de 13 de febrero, poniendo de relieve las tensiones que genera la asimétrica protección de los derechos en los Estados de la Unión.